Si has recibido una factura de la luz con un importe muy alto esta entra en el blog te interesa...
Jorge Villoria Linacero • 5 de abril de 2019
En esta nueva entrada en el blog te comentamos uno de los problemas más frecuentes a los que se han enfrentado recientemente varios de nuestros clientes de León.
Por sorpresa, un día uno de nuestros clientes recibió una factura en su casa por un importe muy elevado
(más de seiscientos euros). La compañía eléctrica únicamente indicó que “por energía consumida” se procedía a facturar ese importe, más el correspondiente I.V.A.
En la factura no se indicaba cuál era el motivo, ni a qué se debía tal desproporcionado gasto.
Nuestro cliente, tras observar ese importe, se puso en contacto con la compañía eléctrica que, tras diferentes llamadas, únicamente pudo concluir que se trataba de un expediente de inspección.
Al no estar conforme nuestro cliente con la factura procedió a devolver el recibo.
En consecuencia, la compañía eléctrica amenazó con cortar el suministro,
sino se abonaba el importe reclamado.
En este punto, el cliente procedió a contratar nuestros servicios e iniciamos los trámites mediante el envío de un requerimiento para que desglosaran la deuda.
Inicialmente no fue atendida, pero tras insistir en varias ocasiones, finalmente la distribuidora remitió el Informe de inspección, en el que se afirmaba que nuestro cliente había manipulado el contador.
Luchar contra la compañía eléctrica en vía extrajudicial es, sinceramente, una pérdida de tiempo. La compañía se atribuye una potestad propia de la Administración de carácter sancionador
y regulador del mercado, que ningún otro sujeto de derecho privado posee, y no permite que se desarrolle un expediente contradictorio en el que se pueda discutir si existía tal fraude o no.
Los Juzgados y Tribunales están fallando a favor de los clientes consumidores
porque consideran que las compañías eléctricas están imputando un fraude, que constituye un hecho delictivo, sobre la base de un informe de inspección unilateral, realizado por un trabajador suyo, incumpliendo la obligatoriedad de avisar a la propietaria prevista en el RD 1725/1984 y privando a cualquier cliente de la posibilidad de contradicción.
Los Tribunales no consideran suficiente el informe unilateral de la compañía,
en cuanto causa al consumidor un perjuicio irreparable, al privarle de cualquier posibilidad de contradecir lo expuesto en el informe e incluso de defenderse por cuanto carecería de cualquier medio legítimo de defensa, al no haber tenido la oportunidad de estar presente, observar y, en su caso, contradecir, la manipulación denunciada.
Es más, la regularización también la realiza la compañía eléctrica unilateralmente, girando el elevando importe, sin la incoación de un expediente contradictorio, sin dar audiencia a nuestro cliente, limitándose a enviar una carta de pago, amenazando de que de lo contrario se llevará a cabo el corte de suministro.
Además, los tribunales también se cuestionan la forma de calcular la energía supuestamente defraudada,
puesto que las compañías acuden a lo dispuesto en el artículo 87 del Real Decreto 1965/2000, sin tener en cuenta que el método aplicado únicamente debe utilizarse en defecto de un criterio objetivo que pueda tomarse como referencia, sin que estas compañías justifiquen el motivo de acudir directamente a dicho método, cuando podría fijarse el criterio con mayor objetividad acudiendo al histórico de consumo, tanto anterior como posterior al supuesto fraude.
En consecuencia, habida cuenta que la regularización efectuada carece de fundamento, de que las compañías actúan con abusividad y temeridad manifiesta, los Tribunales condenan a las compañías a restituir ese importe indebidamente cobrado.
Si estás en esta situación o has tenido cualquier otro tipo de problema en tu factura con compañías de gas o de telecomunicaciones, no dudes en contactar con abogados especialistas en consumo en León,
te ayudaremos a luchar contra estas grandes compañías.
En León, a 5 de abril de 2019.
Jorge Villoria Linacero.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (VALLADOLID) SENTENCIA Nº 923/2025 Procedimiento: Recurso de apelación 0000106/2025 Sobre: Extranjería Fecha: 18 de julio de 2025 Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, integrada por los magistrados: Ilma. Sra. Presidenta Dª A. M. M. O. Ilma. Sra. Dª E. L. L. Ilmo. Sr. D. L. M. B. D. En el presente rollo de apelación con registro 106/2025, en el que son partes: Como apelantes: H. T. y R. O. (este último en representación de su hijo R. O.), representados por la Procuradora Sra. B. P. L. y asistidos por el Letrado D. Jorge Villoria Linacero Como apelado: ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO – SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN, representada por el Abogado del Estado ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.— Por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 2 de León se dictó sentencia el 23 de diciembre de 2024, en el procedimiento abreviado núm. 159/2024, desestimando el recurso presentado frente a dos resoluciones de la Subdelegación del Gobierno en León por las que se deniega a H. T. y a R. O. (representado por su padre R. O.) la autorización de residencia de larga duración. SEGUNDO.— Contra dicha resolución interpuso recurso de apelación la parte actora, interesando la nulidad de las resoluciones por contravenir lo dispuesto en el artículo 58.3 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, procediendo a extender la autorización de residencia de R. O. y H. T. hasta la fecha de validez de la Tarjeta de Identidad de Extranjero del reagrupante R. O., esto es, el 23/11/2028. Subsidiariamente, se solicitó la concesión de residencia de larga duración. TERCERO.— Admitido el recurso, se dio traslado a la parte apelada, que lo impugnó. Elevadas las actuaciones, se turnó la ponencia a la Magistrada Dª E. L. L., y se señaló para votación y fallo el día 15 de julio de 2025. CUARTO.— Se han cumplido todas las prescripciones legales. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.— Se impugna la sentencia que desestima el recurso por haber sido presentada la solicitud de renovación fuera del plazo legalmente previsto. La Administración resolvió como si se tratara de una solicitud de residencia de larga duración. La parte apelante alega que conforme al art. 58.3 del RD 557/2011, la vigencia de las autorizaciones de residencia por reagrupación familiar de los recurrentes debía extenderse hasta el 23/11/2028, al coincidir con la vigencia del permiso del reagrupante, en vigor desde el 27/11/2023 hasta el 23/11/2028. SEGUNDO.— La Sala observa que: Las resoluciones administrativas son incongruentes con la solicitud presentada, que era de renovación por reagrupación familiar y no de residencia de larga duración. En el momento de entrada en España (8/3/2024), el reagrupante era titular de un permiso válido hasta noviembre de 2028. Por tanto, conforme al art. 58.3 del Reglamento, la autorización concedida debía extenderse hasta esa fecha. La frase en las resoluciones de 8/11/2023 que fija la vigencia hasta el 23/11/2023 es errónea y no fue fijada en ejecución de sentencia judicial. TERCERO.— Procede estimar el recurso de apelación y anular las resoluciones impugnadas, declarando que la vigencia de las autorizaciones se extiende hasta el 23 de noviembre de 2028. CUARTO.— No se imponen costas procesales. FALLO Estimamos el recurso de apelación nº 106/2025 interpuesto por la representación procesal de H. T. y R. O. (este último en representación de su hijo R. O.), revocando la sentencia de 23 de diciembre de 2024 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de León. Anulamos las resoluciones impugnadas y declaramos que la vigencia de las autorizaciones de residencia por reagrupación familiar será hasta el 23 de noviembre de 2028. Sin imposición de costas. Contra esta resolución cabe recurso de casación en el plazo de 30 días. Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Letrado de los apelantes: Jorge Villoria Linacero
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE LEÓN SENTENCIA Nº 83/2025 Procedimiento Abreviado 79/2025 Sobre: Administración del Estado Parte demandante: P. N. C. Abogado: Jorge Villoria Linacero Parte demandada: Subdelegación del Gobierno en León Abogado del Estado Fecha: 27 de mayo de 2025 Vistos por Dª A. M., Magistrada-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Valladolid (ejerciendo funciones de sustitución en el Juzgado nº 1 de León), los presentes autos de Procedimiento Abreviado nº 79/2025, incoado en virtud del recurso interpuesto por P. N. C., asistido y representado por el letrado Sr. Jorge Villoria Linacero, y siendo parte demandada la Subdelegación del Gobierno en León, asistida y representada por la Abogacía del Estado, siendo la cuantía del presente recurso indeterminada, se dicta la presente resolución. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.— El demandante interpuso demanda solicitando la anulación de la resolución impugnada que ordenaba su expulsión del territorio nacional. SEGUNDO.— La demanda fue admitida por Decreto de 9 de mayo de 2025, se dio traslado al demandado y se recabó el expediente administrativo. Se tramitó el procedimiento de forma escrita conforme al art. 78.3 LJCA. TERCERO.— Se han observado las prescripciones legales en la sustanciación del procedimiento. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.— La resolución impugnada fue dictada por la Subdelegación del Gobierno en León en fecha 14/02/2025 y ordenaba la expulsión del recurrente por encontrarse en situación irregular conforme al art. 53.1.a) LOEx, con prohibición de entrada por tres años en el territorio Schengen. El recurrente alegó que dicha resolución debía ser revocada al no valorar sus circunstancias personales (residencia en España, unidad familiar, actividad laboral), solicitando subsidiariamente la sustitución por una multa. SEGUNDO.— La Administración sostiene que concurren circunstancias agravantes, como el incumplimiento de la salida obligatoria tras denegación de protección internacional. Afirma que no se acredita arraigo suficiente. TERCERO.— Se analiza el artículo 53.1.a) LOEx y su interpretación conforme a la jurisprudencia del TJUE y del Tribunal Supremo. Se establece que la expulsión no puede imponerse automáticamente y debe valorarse el principio de proporcionalidad y las circunstancias individuales. CUARTO.— El procedimiento fue iniciado por la Policía Nacional tras identificar al recurrente en situación irregular. Constaba una denegación de protección internacional de fecha 24/02/2024, notificada vía edictal el 15/03/2024. QUINTO.— El recurrente accedió con visado de turista en octubre de 2022 y solicitó protección internacional en marzo de 2023. Desde la denegación no ha intentado regularizar su situación por otras vías, pero consta actividad laboral continuada y domicilio fijo. SEXTO.— Se concluye que, si bien concurre el incumplimiento de orden de salida como circunstancia negativa, no existen otras circunstancias agravantes. Por tanto, procede sustituir la expulsión por multa en su grado mínimo. FALLO QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda interpuesta por la representación procesal de P. N. C. contra la Resolución de la Subdelegación del Gobierno en León de 14 de febrero de 2025 (expediente nº 240020250000299), que ordena la expulsión de territorio nacional del recurrente por encontrarse en situación irregular del art. 53.1.a) LOEx con prohibición de entrada por un plazo de 3 años en territorio Schengen, la cual declaro nula de pleno derecho, y la sustituyo por la imposición de una multa de 501 euros. Se condena a la parte demandada al pago de las costas del procedimiento, con el límite de 300 euros más IVA. Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de 15 días desde la notificación. Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo: S.Sª Dª A. M., Magistrada-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Valladolid, en funciones de sustitución.
Sentencia favorable en materia de extranjería.
Estimación de la rectificación de autoliquidación en la que ha intervenido la economista María Villoria Linacero. El cliente recuperó 7.005,51 euros más intereses.
Establece el artículo 199 de las situaciones de estancia por estudios, formación, o prácticas a la situación de residencia y trabajo o de residencia con exceptuación de la autorización de trabajo, del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, que: - “1. Los extranjeros que se encuentren en España en situación de estancia de acuerdo con lo previsto en el artículo 37.1, letras a), b) y d), podrán acceder a la situación de residencia y trabajo sin necesidad de solicitar visado cuando el empleador, como sujeto legitimado, presente la solicitud de autorización y se cumplan los requisitos laborales exigidos en el artículo 64, excepto el apartado 3.a), y haya superado los estudios, la formación o las prácticas, con aprovechamiento. - El extranjero que se acoja a esta posibilidad podrá igualmente solicitar una autorización de residencia a favor de los familiares en situación de estancia previstos en el artículo 41 que se encuentren conviviendo con él en el momento de la solicitud, siempre y cuando acredite suficiencia económica y disponibilidad de vivienda adecuada. La autorización en su caso concedida será de residencia por reagrupación familiar”. Qué quiere decir: q ue solamente podrán acceder a la situación de residencia y trabajo aquellos extranjeros que se encuentren en España en situación de estancia por: - Realización o ampliación de estudios en un centro de enseñanza autorizado en España, en un programa de tiempo completo, que conduzca a la obtención de un título o certificado de estudios. - Realización de actividades de investigación o formación, sin perjuicio del régimen especial de investigadores. - Realización de prácticas no laborales en un organismo o entidad pública o privada. Por lo tanto, excluye expresamente a aquellos extranjeros que se encuentren en situación de estancia por: - Participación en un programa de movilidad de alumnos, para seguir un programa de enseñanza secundaria y/o bachillerato en un centro docente o científico oficialmente reconocido. - Prestación de un servicio de voluntariado dentro de un programa que persiga objetivos de interés general. En consecuencia, si el extranjero se encuentra en situación de estancia por prestar un servicio de voluntariado si quiere obtener la autorización de residencia y trabajo deberá solicitar el correspondiente visado.
Hasta ahora había dudas de cuál era la oficina de extranjería competente para presentar AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA TEMPORAL POR CIRCUNSTANCIAS EXEPCIONALES - ARRAIGO SOCIAL cuando el extranjero tiene fijado su domicilio en una provincia distinta del centro de trabajo donde prestará servicios. Este Letrado defendía que para este tipo de autorizaciones era competente la oficina de extranjería de la provincia donde tuviera fijado su domicilio, en contra del criterio de la Oficina de Extranjería de León. Esta discrepancia las pusimos de relieve mediante una queja presentada el 22 de febrero de 2024 con el siguiente contenido: “Procedimiento: Quejas y Sugerencias ante las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno Ámbito: León Unidad y Organismo donde se produjo la incidencia que da lugar a la queja o sugerencia SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN Motivo de la queja / sugerencia De acuerdo con la información del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones https://www.inclusion.gob.es/web/migraciones/w/autorizacion-residencia-temporal-por-circunstancias-excepcionales.-arraigo-social la AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA TEMPORAL POR CIRCUNSTANCIAS EXEPCIONALES - ARRAIGO SOCIAL - tiene que presentarse: "Lugar de presentación: Oficina de Extranjería de la provincia en la que el extranjero tenga fijado el domicilio o por internet en los casos anteriores, Información de la dirección, teléfonos y horarios de atención al público. Electrónicamente, a través de la sede electrónica del Ministerio de Política Territorial". No obstante, la SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN entre otros expedientes 24002023000**** inadmite a trámite las solicitudes presentadas en León cuando se va a prestar servicios en otra provincia, aunque el solicitante tenga su domicilio en la provincia de León. En concreto, "Carencia manifiesta de fundamento de la solicitud. El solicitante, de acuerdo a la documentación presentada, va a realizar su actividad laboral en Zaragoza, siendo allí el lugar donde se ha de presentar esta solicitud". A mayor abundamiento, la plataforma Mercurio obliga a que se presente donde tenga su domicilio y no donde vaya a prestar servicios, a diferencia de las autorizaciones de trabajo y residencia que deben presentarse en la provincia donde vaya a prestar servicios. Por todo, ¿Cuál es la oficina competente para tramitar Residencia Temporal por Circunstancias Excepcionales Inicial Arraigo Social (art. 124.2) Informe Ayuntamiento con contrato de trabajo cuando el centro de trabajo y el domicilio del solicitante están en provincias diferentes?” El 1 de marzo la Subdelegación del Gobierno en León emitió la resolución de la queja dónde la razón a este Letrado: “En relación con el contenido de la queja presentada por Vd. el día 22/02/2024 referente a la inadmisión a trámite de una solicitud de arraigo social cuando no coinciden la provincia de oferta de trabajo con la provincia donde reside el interesado, le informamos lo siguiente: Se ha recibido informe de la Oficina de Extranjería de León, indicando en el mismo que se han revisado los criterios de admisión a trámite de dichos expedientes, siendo el trámite correcto el que aparece en la información del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La provincia donde reside el interesado es el criterio para determinar la Oficina de Extranjería responsable de tramitar dichos expedientes. Desde la Secretaría General sentimos el contratiempo que ha sufrido. Al mismo tiempo le agradecemos su contribución mediante su queja a la mejora continua de nuestra función de servicio público. Conforme a lo previsto en el Programa de Quejas y Sugerencias regulado en el Capítulo IV del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, se da traslado de esta respuesta a la Inspección de Servicios de la AGE en el Territorio dependiente de la Secretaría General de Coordinación Territorial del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática”. Por lo tanto, la oficina de extranjería competente para la AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA TEMPORAL POR CIRCUNSTANCIAS EXEPCIONALES - ARRAIGO SOCIAL corresponde con la de la provincia donde tenga fijado su domicilio, independientemente de dónde vaya a prestar sus servicios.
Supuesto real de interés para aquellos ciudadanos que deseen solicitar la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales: arraigo social.
La Subdelegación del Gobierno de León debe llevar a cabo una valoración concreta de cada caso y evitar una aplicación analógica de los medios de vida en perjuicio de situaciones determinadas y suficientemente concretadas.
Subvenciones para Ayuntamientos y Juntas Vecinales de León. Plazo: desde el 2 de marzo de 2020, veinte días hábiles.
Esta nueva entrada en el blog te interesa si has obtenido un pronunciamiento favorable en los juzgados con condena en costas la parte contraria, en cuanto tratamos el tema de las costas procesales y su incidencia en el IRPF.